Trabajadorxs de PAR señalan la alarmante situación económico/financiera que atraviesan con el actual modelo neoliberal.

Se encuentran en serio riesgo el sostenimiento de los dispositivos sustitutivos de salud mental y de restitución de derechos. Repercusiones en el sostenimiento de la institución frente al modelo económico neoliberal vigente.

Tras dos comunicaciones publicadas por les trabajadorxs de PAR, a fines del 2018 y principios del 2019 respectivamente, nos volvemos a convocar para señalar la crítica situación por la que atraviesa nuestra institución ante la profundización del modelo económico nacional que tiene como resultante un progresivo deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población de nuestra sociedad.

Esta situación viene repercutiendo y agravando día a día el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Frente a un Estado que se retira precarizando sus políticas, instituciones como la nuestra (de índole pública no estatal) se ven fuertemente amenazadas en su subsistencia. En nuestro caso particular, nos pone en serias dificultades para sostener los dispositivos que conforman la propuesta integral de PAR; dispositivos que forman parte de los procesos de adecuación de las prácticas en salud mental e infancias y adolescencias a los marcos legales vigentes. (Leyes Nacionales 26.657 y 26061, Provinciales 10.772 – 12.967) . Volvemos a insistir fervientemente en este punto porque el horizonte de nuestro trabajo se inscribe en los procesos de atención que promueven la restitución de derechos y la sustitución de lógicas manicomiales desde el paradigma de los derechos humanos, en el marco de las políticas públicas que debe garantizar el Estado.

Con más de 25 años de dedicación en la ciudad de Rosario abordando poblaciones vulnerables, consumos problemáticos y un trabajo sistemático por la plena vigencia de la ley Nacional de Salud Mental, desde PAR entendemos como imprescindible un Estado activo, dinámico y presente, para sostener, legitimar y respaldar nuestras prácticas.

En un contexto socio/económico dominado por un creciente y constante aumento de los costos operativos de las instituciones (aumento de los alquileres, impuestos, servicios, mantenimiento y pagos de honorarios) el funcionamiento de las mismas se encuentran en jaque ya que estos dependen de los convenios que sostenemos con obras sociales y fundamentalmente con los diferentes estamentos del Estado (Nacional, provincial, municipal). Convenios que con actualizaciones de carácter anual, con un atraso promedio de 60 días en el pago y con un pauta inflacionaria de alrededor del 40% pierden actualidad y por lo tanto terminan resultando insuficientes para el sostenimiento integral de las prestaciones institucionales.

Ante este estado de situación nos encontramos frente a un Estado nacional que lejos de coadyuvar a transitar la situación, desmantela y desfinancia programas sociales, contribuyendo a agudizar la crisis económica/financiera por la que atraviesan las organizaciones de la sociedad civil poniendo en riesgo la propia subsistencia de las mismas, y agudizando también el deterioro que observamos en la población que padece y transita por los diversos dispositivos de nuestra institución.

Entendemos que el desafío que enfrentamos en el contexto de crisis actual es la sustentabilidad y viabilidad económica de los dispositivos que se sostienen desde el campo de las organizaciones sociales y que contribuyen de manera decisiva a la implementación de las leyes mencionadas; sostenimiento que no debe realizarse a cuenta del deterioro en la calidad de las prestaciones y/o la precarización de los trabajadores y/o la voluntad militante de sus integrantes.

Consideramos en este marco que, dada la incertidumbre del proceso económico en curso, es necesario fortalecer el tipo de trabajo que Programa Andrés Rosario sostiene en conjunto a las dependencias estatales y las organizaciones sociales, buscando mecanismos institucionales y administrativos que permitan trabajar de manera conjunta para sostener los dispositivos a través de medidas concretas como :

1 – Profundizar los procesos de articulación interinstitucional (Estado – Organizaciones sociales), a fin de garantizar los diversos procesos de cogestión de los dispositivos de referencia y en esta instancia el cumplimiento del pago en tiempo y forma de los convenios que le dan sustento.

2 – Promover reuniones de carácter mensuales con representantes de los Estados Municipal y Provincial y Nacional para unificar esfuerzos y así establecer mecanismos que permitan problematizar acerca de posibles modos de actualización de los convenios atento al proceso inflacionario en curso ; ya que no se cuenta con mecanismos como la cláusula gatillo que evitarían la desactualización de los mismos.

3 – Compromiso con el normal funcionamiento de los dispositivos de referencia atento que el debilitamiento de los mismos atenta con los procesos de restitución de derechos en curso de los usuarixs asistidos.

4 – Promover la articulación intersectorial e interinstitucional a los efectos de promover procesos de visibilización y problematización de la situación de los dispositivos de referencia y de asistencia en general con los trabajadorxs de salud, desarrollo social, organización de usuarixs, colegios de profesionalxs entre otros.

5 – Permanecer en estado de alerta, sosteniendo una reunión mensual para poder analizar la evolución de la situación de pagos de los convenios estatales y adoptar las decisiones que tal situación amerite.