Preocupación en PAR ante la agudización de la crisis económica


En septiembre del año pasado lxs trabadorxs de PAR informamos a la sociedad en general acerca de las dificultades económicas y financieras que como Asociación Civil, estamos viviendo desde los inicios de la gestión nacional del Gobierno del Presidente Mauricio Macri.

Este estado de alerta desencadenó un profundo proceso de trabajo en pos de hacer frente al momento crítico, para preservar el funcionamiento ético y la calidad de nuestra institución. En este marco, en el mes de diciembre nos volvimos a reunir los diferentes dispositivos que conforman el colectivo de trabajadrxs del Programa Andrés Rosario ante la preocupación por la situación económica que se profundiza.

Para este año se prevé una agudización de la crisis socio -económica nacional, pronosticándose un índice mínimo de inflación del 30%, teniendo en consideración que el año pasado la situación atravesada fue de un 48% acumulada.
El aumento de las tarifas anunciadas en diciembre, el desmantelamiento de los ministerios de Salud y de Trabajo y los cierres de programas sociales son políticas que atentan de manera deliberada contra campo social donde se desarrollan nuestras prácticas.

Como indicamos en la nota anterior, resulta imprescindible visibilizar que la crisis económica en curso afecta directamente a los dispositivos que forman parte de los procesos de adecuación de las prácticas en salud mental e infancias y adolescencias a los marcos legales establecidos por las leyes nacionales Nro. 26.657 y Provincial Nro. 10.772 de Salud Mental además de las leyes de infancias Nro. 26.061 y Provincial Nro. 12967. Como dejamos en claro en aquella ocasión, el horizonte de trabajo de los mismos se inscriben en los procesos de atención que promueven la restitución de derechos y la sustitución de lógicas manicomiales desde el paradigma de los derechos humanos, en el marco de las políticas públicas.

Exponer esta situación implica una demanda para preservar y sostener los dispositivos que hoy tenemos en curso. Hacemos énfasis en el sostenimiento y la preservación de los mismos porque lejos estamos de poder profundizar la correcta implementación de los mandatos implicados en estas leyes vigentes. Lo que en definitiva, no deja de poner en riesgo la plena vigencia de estas legislaciones que promueven derechos.
Hacemos explícita esta demanda institucional a la luz de las consecuencias y efectos de las políticas de desmantelamiento del Estado porque estas atentan abiertamente contra el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil cuya financiación depende de los convenios que las mismas establecen con obras sociales y los diferentes estamentos del estado (Nacional, provincial, municipal).

En esta agudización del escenario socio económico financiero son lxs trabajadorxs y usuarixs de los dispositivos los más afectados; lo que implica un esfuerzo por redoblar la asistencia como consecuencia del proceso inflacionario y el aumento de tarifas impacta directamente contra el funcionamiento operativo (aumento de los alquileres, impuestos, servicios, mantenimiento y pagos de honorarios) de las instituciones.

Este año hemos comenzado las negociaciones con las instancias no estatales y estatales con las que co-gestionamos los dispositivos vigentes, con el objeto de renovar los convenios y discutir los procesos de trabajo. En este marco, en algunas de ellas se ha logrado un reconocimiento a la pérdida económica sufrida por el proceso inflacionario del año anterior; en otras se han logrado acuerdos económicos y de trabajo que tienen una mayor consonancia con el nivel de aumento de los costos operativos de los dispositivos; Entre las reuniones sostenidas ya podemos nombrar los acuerdos y las actualizaciones concertadas por los dispositivos de alojamiento para Niñas y Adolescentes privados de cuidados parentales: Chalecito y Casa Puente (cogestión Dirección Provincial de Niñez), por el dispositivo Centro de Noche (cogestión con Dirección Provincial Nueva Oportunidad), por el dispostivo de Acompañantes Terapéuticos (cogestión con Dirección de Salud Mental de la Municipalidad) y con la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD). Falta aún convenir con el resto de las dependencias estatales con quienes aún no hemos desarrollado el proceso de discusión de actualización de los convenios.

Nosotres valoramos este trabajo y ponderamos el modelo de co-gestión en donde el Estado es el garante último de los derechos sociales, junto a las organizaciones de la sociedad civil involucrándose para seguir construyendo de manera conjunta. No obstante consideramos que, dada la incertidumbre del proceso económico en curso, es necesario fortalecer el tipo de trabajo que el Programa Andrés Rosario sostiene en conjunto a las dependencias estatales y para eso deben necesariamente reconocerse las pérdidas económicas sufridas en el 2018 y una actualización para este año acorde a la perspectiva inflacionaria pronosticada para el 2019.

Renovamos entonces el compromiso asumido en septiembre del año pasado cuando realizado el diagnóstico de situación de emergencia que atravesamos como colectivo de trabajadrxs de la salud mental resolvimos:

1. La necesidad de sostener y garantizar el normal funcionamiento de los dispositivos de referencia atento que el debilitamiento de los mismos atenta con los procesos de restitución de derechos en curso de los usuarixs asistidos.

2. Reafirmar la perspectiva de cogestión de los mismos atento que entendemos que tal modelo de gestión de lo público es la que brinda las condiciones técnicas, clínico/políticas para el desarrollo de una práctica situada desde una perspectiva de derecho. Modo de gestión de una política pública que el estado Provincial y Municipal han promovido durante los últimos años y que se encuentra en serio riesgo como consecuencia de la actual situación que atraviesa el país.

3. Para que ello ocurra se entiende imprescindible profundizar los procesos de articulación interinstitucional (Estado – Organizaciones sociales) a fin de garantizar los diversos procesos de cogestión de los dispositivos de referencia de manera conjunta.

4. Promover la articulación intersectorial e interinstitucional a los efectos de promover procesos de visibilización y problematización de la situación de los dispositivos de referencia y de asistencia en general con los trabajadorxs de salud, Desarrollo Social, organización de usuarixs, colegios de profesionalxs entre otros.

5. Seguir sosteniendo una reunión mensual para poder analizar la evolución de la situación de pagos de los convenios estatales y adoptar las decisiones que tal situación amerite.