«Morir joven se les presenta a ellos como algo inevitable»

(Rosario/12) Para dos especialistas del Programa Andrés Rosario, que trabajan para recuperar jóvenes y menores «hay que sacarlos de las adicciones, pero mucho más hay que buscar formas de inclusión. Este es un aspecto determinante», aseguran.

Por Alicia Simeoni

Con los chicos como Sergio Nicolás Morel -el adolescente de 15 años a quien dio muerte el repartidor de pan Germán Giosa, en Riobamba al 4.300, 15 días atrás-, hay que trabajar en las adicciones, pero mucho más en buscar formas de inclusión. El concepto general que luego desgranan pertenece al presidente y al director terapéutico del Programa Andrés Rosario, Aníbal Angeletti y Julio García. Ellos dicen que «cuando los adolescentes son derivados por los centros de salud, o por los juzgados de menores, llegan al programa muy ‘agujereados’, tienen mucho tiempo fuera del sistema escolar, también poseen historia en el consumo de distintas sustancias, tuvieron varias experiencias en el delito y forman parte de grupos familiares desarticulados. «Entonces se hace muy difícil trabajar con la realidad socio-familiar que tienen y por las propias condiciones que acarrean». El término ‘agujereado’ que utilizó el titular del programa especializado en el tratamiento de adicciones, aparece adecuado para quienes como Morel, y su compañero también asesinado, Alberto Matías Ascencio, registran fuertísimas historias de exclusión, aunque García estima apropiado hablar de expulsión reiterada, sistemática y permanente de todos los espacios y circuitos que tengan que ver con la preservación y apuesta a la vida. Desde el Programa Andrés, que funciona en Laprida 1277 -se puede concurrir o llamar al 4253389 para pedir turnos-, se piensa que la adicción como la delincuencia, son consecuencias de esa exclusión o expulsión que luego se describe.

Morel sólo había cursado hasta segundo año y tenía problemas de salud que nunca habían sido atendidos. Su muerte muestra el fracaso de todos los espacios que debieron contenerlo y protegerlo y como tantas otras personas de su edad caminó mucho tiempo en el borde, entre la vida y la muerte. La propuesta y forma de trabajo se plantea como una estrategia que difiere, en la concepción y en el hacer, de la que días atrás esbozó la jueza de Menores 1, María del Carmen Musa, cuando dijo que hay que ‘hacer algo’ con los chicos que como Morel están comprendidos en la franja etárea de la no punibilidad y condenados a una muerte temprana. Su propuesta es la de trasplantarlos, sacarlos de su barrio y de sus grupos familiares, formar una ‘comunidad’ y luego, si es necesario, mudarlos de ciudad. Dos miradas que chocan, desde lo ideológico y procedimental, acerca de niños y adolescentes desbordados, con quienes ningún espacio, voz ni afecto fue suficiente para contenerlos.

Sergio Nicolás Morel, en realidad todos lo conocían por Nicolás, hacia dos meses que había sido derivado al Programa Andrés a partir de las gestiones que hizo la trabajadora social que se desempeña en el Juzgado de Menores Nº 1 a cargo de María del Carmen Musa, y desde donde el caso llegó a la Dirección Provincial de Adicciones. Su madre también concurría cada 15 días, aunque en las dos últimas semanas anteriores al asesinato de su hijo no asistió a las reuniones. El trabajo con el adolescente -había cumplido 15 años en abril pasado-, explicó a Rosario/12 Julio García, estaba orientado a lograr una inclusión en distintos espacios por los que no transitaba hacía mucho tiempo, el centro de salud y la escuela, por citar sólo dos. «Estos son objetivos difíciles, tanto por las condiciones socio﷓familiares como por aquellas de cada chico, en este caso Nicolás, en particular».

Desde el Programa Andrés, tanto el presidente de la ong Aníbal Angeletti, como García, recuerdan que hasta hace dos años atrás se trabajaba de manera distinta, cuando todo tenía la impronta, el criterio de la internación. La reflexión sobre cada una de las experiencias hace que el intento vaya por otro carril, el que tiene que ver con el abordaje más cerca de las familias y de los ambientes en los que viven los chicos que concurren al programa. «Se puede decir que se trabaja menos con la adicción, que es una consecuencia más, como otras, para el caso la delincuencia y la violencia, de lo que se nombra como la exclusión social pero que es más fuerte aún, es la expulsión como proceso sistematizado y permanente que los deja fuera de todo».

Las reflexiones de los miembros de ‘Andrés’ no se plantearon como respuesta formal a la convicción de la magistrada Musa manifestada el domingo pasado a este diario. Después de hacer una descripción del caso Morel, ella señaló la necesidad de que se haga algo para evitar el que nominó como un final previsible, el de la muerte muy temprana. Se refería a la franja etárea de los jóvenes no punibles, los que tienen menos de 16 años, que recurrentemente entran en el terreno del conflicto con la ley y que caminan en el delgadísimo, a veces casi imperceptible, borde entre la vida y la muerte. En el pensar qué hacer, Musa propuso el aislamiento, la formación de lo que desde otras corrientes del pensamiento y desde el mismo espíritu de la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se ve como una forma de continuar con la vulneración de derechos. «Hay que trasplantarlos, sacarlos de donde viven. Usar la fuerza, si es necesario. Formar pequeñas comunidades a cargo de adultos pacientes que puedan y sepan cómo resistir sus embates y sus fugas; adultos que salgan a buscarlos y los vuelvan a la comunidad que los espera; que les den herramientas para la autonomía, aunque sea precaria. Después habrá que ubicarlos fuera del barrio, a lo mejor en otra ciudad. Claro que hace falta dinero para esto. No tanto como el que se cree. Si contamos -expresó a este diario- los ‘Sergios’ de los 4 juzgados de Rosario no llegamos a veinte». La magistrada Musa se adelantó en su planteo a quien pudiera decir que su propuesta tenía que ver con la privación de la libertad, según la definición de las Naciones Unidas y también se anticipó a responder que «la privación de libertad no está prohibida. Que en situaciones como la de Sergio, la privación de libertad hubiera salvado su vida».

El domingo 31 de agosto Sergio Nicolás Morel y un amigo suyo, Alberto Matías Asencio, de 19 años, fueron muertos por el repartidor de pan Germán Giosa, quien según declaró se defendió de ambos que lo atacaron para robarle y estaban armados. Giosa llevaba en el vehículo con el que trabajaba un revolver de grueso calibre, propiedad de su padre, tal como se informó desde el primer momento. Los cuerpos de los dos jóvenes fueron velados en la capilla Nuestra Señora de la Consolación, de Bella Vista Zona Oeste, a cargo del cura franciscano Joaquín Núñez. Sergio Nicolás y Alberto Matías vivían a metros de ese lugar y acostumbraban jugar al fútbol frente a la Consolación.

«La muerte de alguien, en este caso de Nicolás, siempre enfrenta con el fracaso de todo y obliga a pensar y repensar. Como decíamos antes, desde hace dos años venimos trabajando así, porque con quienes lo hacemos es con chicos sin futuro. Y esto es lo que cambia al hablar sólo, o de manera descontextualizada, de una adicción. Morir joven se les presenta a ellos como algo casi inevitable e indistinto», en el único imaginario que pudieron construir» dice Aníbal Angeletti. Retoma la idea de las internaciones con el ejemplo de la provincia de Entre Ríos y con los jóvenes a quienes se llevaba a comunidades terapéuticas. «Eran chicos que estaban bien 6 o 7 meses y luego regresaban a una realidad siniestra y con la que no se había trabajado nunca. Es más, en el caso de los adolescentes hay quienes no quieren dejar de consumir, y también quedan excluidos por ello del sistema de salud. Por eso, desde hace dos años, estamos tratando de trabajar en el campo o territorio, sobre todo en la inclusión, teniendo en cuenta los espacios que pueden colaborar en ese proceso, escuelas, centros de salud y otros».

¿Qué pasa en un caso como el de Sergio Nicolás Morel?, ya que cuando llegan al programa lo hacen con un grado de deterioro muy grande.

La adicción es la cara visible de una problemática muy compleja. Si uno hace una historia, estos chicos de 14, 15, 16, 17 años, son terceras o cuartas generaciones que no ven sus padres con trabajos y condiciones dignas de vida. A partir de ahí para poder lograr algún modo de inserción y de prevención posible es importante que el abordaje se haga desde la red. No en todas las zonas, Godoy, Santa Lucía, la comunidad Toba, los chicos consumen lo mismo. Claro que todos los barrios están atravesados por el consumo de sustancias. Pero en Santa Lucía, y por acción de la comunidad asustada ante varias muertes, consumen menos pegamento. Sí hay más marihuana, algo de cocaína y alcohol entre los jóvenes. Hay una hipótesis acerca de la baja del consumo de ‘poxi’, y parece tener que ver con la muerte de algunos chicos y el accionar de varias madres y trabajadores del centro de salud, indignados por esta situación. En este último barrio hay movimientos interesantes. Algunas docentes nos decían que hicieron un seguimiento en el 2005, 2006 y 2007 y mermó la deserción escolar, en los cursos más altos, 8ª, 9ª. Creemos que estas experiencias son estrategias de intervención que permiten, en territorio, allí donde están los chicos, habilitar espacios por donde lleguen antes, y por allí puedan circular- concluyó García.

«El Refugio» del padre Joaquín

El director terapéutico del Programa Andrés, Julio García, junto a Antonio Tesolini, quien desde hace años integra la Coordinadora de Trabajo Carcelario, y sigue la situación de la niñez y adolescencia de la franja poblacional que aquí se describe; trabajan junto a la ong que dirige el cura Joaquín Núñez y que se conoce como «El Refugio», ubicada en 27 de Febrero y avenida de Circunvalación. Allí se cuenta con un aula radial, con apoyo escolar, cursos varios, entre ellos de computación, en una zona muy carenciado. García explica que está ubicado de manera estratégica entre los barrios Godoy y Santa Lucía.

Allí se trabaja desde el mes de abril pasado con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia para el tratamiento de las situaciones en las que están niños﷓adolescentes. Se trata de hacerlo en el barrio, en el lugar donde desarrollan su vida, con el objetivo de buscar las formas de inserción, laboral, familiar, social, para que puedan «realizar una inscripción simbólica distinta a la que llevan… Esto excede la adicción y tiene que ver con nosotros como sociedad. Hemos creado generaciones de excluidos o de expulsados. No tienen futuro y ellos lo sienten así», explicó el presidente del Programa Andrés, Aníbal Angeletti, en tanto Julio García aportó la mirada desde el presente. «Ese mismo presente que es absolutamente incierto, sin llegar a poder hablar del futuro. Tienen un presente vacío». En Santa Lucía y desde el Programa Andrés y El Refugio se sumaron a la red intersectorial que allí comenzó a funcionar hace un tiempo y que incluye a dos centros municipales.

Diario Rosario/12